Bogotá. (Colprensa).
La Defensoría del Pueblo afirmó que 29 municipios del país presentan grandes  falencias en la prestación del suministro de agua potable, mientras que otros 257 presentan un alto riesgo de salud por la mala calidad del líquido que consumen sus habitantes. El municipio nortesantandereano de Cáchira figura en la lista de las poblaciones en riesgo e inviable sanitariamente.

La  Secretaria General de la Defensoría del Pueblo, Gloria Elsa Ramírez, señaló que en el país “se podría estimar que 21 millones de personas están en una situación no deseada y de vulnerabilidad preocupante por el mal servicio del acueducto, mientras que otros nueve millones no tienen acceso a agua potable”.

Por esto, la Defensoría del Pueblo les aconsejará a las autoridades competentes (alcaldías y gobernaciones) de los respectivos departamentos y municipios crear políticas públicas para mejorar la calidad del servicio de agua y no tener que llamar a una emergencia sanitaria en esas zonas.

En el informe realizado por la Defensoría en cooperación con el Comité Nacional en defensa del agua y la vida (Cndav) se señala que cerca de 17 millones de personas no tienen acceso al servicio de alcantarillado, lo que aumenta considerablemente el riesgo de contraer enfermedades.

Advierte además que esta situación es más “preocupante si se tiene en cuenta que Colombia es considerado  el cuarto país más rico en fuentes hídricas del mundo, pero no se tiene ni el equipo técnico, ni la sostenibilidad económica para prestar un servicio de calidad”.

Los departamentos que presentaron en 2009 mayor número de falencias en la prestación del servicio de acueducto son: Bolívar, con siete municipios considerados inviables sanitariamente; Cauca, con seis municipios y Boyacá, con cinco.

Ramírez afirmó que más allá de velar por un mínimo vital de agua, como se tiene estipulado en el Referendo, es necesario buscar una mejor prestación en el servicio que incluye la calidad del agua que se consume.

Por su parte, Rafael Colmenares, vocero del Comité Nacional en defensa del agua y de la vida, señaló que en el país el acceso al agua potable se ha convertido en un “negocio” para muchos empresarios nacionales e internacionales y que el Gobierno “está más interesado en la estabilidad financiera de estos que el acceso al agua potable y de calidad a millones de personas”.

Según Colmenares, en Colombia a “450 mil familias en promedio se les suspende el servicio de acueducto por no tener dinero para pagar el recibo”.

Señalando así dos problemáticas muy graves: la primera es que las tarifas de los servicios públicos en el país son muy altas y la segunda, que el Estado debe “proporcionar soluciones a este problema ya que si se le quita el servicio del agua a una persona se está atentando al mismo tiempo contra su derecho a la vida y a la salud”.

El vocero de la Comisión afirmó además que con el Referendo por el Agua se busca además del mínimo vital del líquido para cada persona, cambiar la forma en qué se suministra el servicio y ofrecerle al destinatario final estas cantidades mínimas e indispensables para su subsistencia y suplir sus necesidades básicas.

En las conclusiones del foro se señaló la importancia de crear políticas públicas de sostenibilidad para la accesibilidad física en todas las regiones del país, principalmente para las personas más vulnerables como lo son los resguardos indígenas, la población desplazada y las minorías sociales. Así como la creación de embalses u otro tipo de sistemas de almacenamiento en todas las regiones de Colombia.

Municipios en riesgo

Antioquia: Argelia, Cisneros, Toledo.
Bolívar: Margarita, Regidor, San Fernando, San Jacinto, San Jacinto Del Cauca, Santa Rosa Del Sur, Tiquisio.
Boyacá: Ráquira, Rondón, Saboyá, Sutamarchán.
Caquetá: Valparaiso.
Cauca: La Vega, López, San Sebastián, Sucre, Timbiquí.
Guainía: San Felipe
Guaviare: Calamar, Miraflores
Nariño: Olaya Herrera
Norte de Santander: Cáchira
Santander: Floridablanca
Sucre: Majagual
Vichada: Santa Rosalía